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Cada vez que se habla de la insostenibilidad de las pensiones públicas, aparece alguien proponiendo privatizarlas como si eso solucionara el problema. Pero creo que estamos ignorando el problema de fondo: el creciente desequilibrio entre una población trabajadora cada vez más reducida y una población jubilada cada vez más numerosa.
En un sistema público, los trabajadores financian las pensiones mediante impuestos y cotizaciones. En uno privado, los jubilados viven de las rentas y los activos que han acumulado durante su vida.
Pero en ambos casos, son los trabajadores actuales quienes producen los bienes y servicios que consume toda la sociedad. Cambiar quién gestiona el dinero no cambia esa realidad, simplemente la disfraza.
Estados Unidos es un buen ejemplo: pese a tener un importante sistema de pensiones privadas, las generaciones mayores concentran gran parte del patrimonio inmobiliario y financiero, mientras los jóvenes tienen cada vez más dificultades para acceder a la vivienda y acumular riqueza.
Y con la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, este desequilibrio demográfico seguirá agravándose.
No digo que las pensiones privadas no tengan ventajas, pero privatizar las pensiones no hace desaparecer el problema demográfico ni garantiza un reparto más equilibrado de la riqueza entre generaciones.
¿No estamos demasiado centrados en cómo financiar las pensiones y demasiado poco en cómo evitar que las generaciones trabajadoras soporten una carga económica cada vez mayor?
Por mucho que se pase a un sistema de pensiones privado, si terminamos en un punto en que hay un trabajador por cada persona que vive de rentas de un fondo privado... no estamos otra vez en lo mismo?
España destaca en el ecosistema europeo de financiación pública de startups, situándose en tercera posición con 20 rondas, empatada con Reino Unido y solo por detrás de Francia (26) y Alemania (25). Es una posición relevante que refleja la actividad del ecosistema español y su capacidad para atraer financiación respaldada por capital público.
Sin embargo, cuando analizamos el volumen de capital captado, la fotografía cambia considerablemente. España acumula aproximadamente 992 millones de dólares, frente a los 7.500 millones de Reino Unido, los 3.900 millones de Francia y los 2.100 millones de Alemania. Es decir, España registra prácticamente el mismo número de operaciones que Reino Unido, pero moviliza menos de una séptima parte de su capital. Esto apunta a una diferencia importante en el tamaño medio de las rondas y en la capacidad de movilizar grandes cantidades de financiación.
El dato plantea una cuestión interesante sobre el modelo de financiación del ecosistema español: tenemos actividad y un número considerable de operaciones, pero todavía estamos lejos de las grandes cifras de capital que manejan los principales mercados europeos.
El reto no debería ser únicamente conseguir más rondas, sino conseguir que las startups españolas puedan acceder a tickets de mayor tamaño y financiar su crecimiento a escala internacional, y competir en cuanto a número de unicornios generados de igual a igual.
Fuente: Artículo de Justraised.io. Datos de rondas de financiación respaldadas por capital público de los últimos 3 meses.
Hola! Básicamente lo del título, aunque me gustaría agregar que en mi caso me llama la atención sobretodo el componente social que tiene la Economía, por lo que al tener su lado de matemáticas fuerte (véase econometría por ejemplo) vaya a ser un grado que me terminé gustando si al final casi todas las salidas son de fuerte componente matemático o en su caso (cómo con ADE o Derecho) un puesto administrativo que tampoco haría falta tener el título para ello.
Que salidas profesionales tiene economía que no tenga que ver solo con mates.
Si bien el Sistema de la Seguridad Social a Septiembre presenta saldo positivo al terminar las tres cuartas partes del año de 7.125,02 millones, hay que recalcar que en el nivel contributivo las cotizaciones sociales no cubren las prestaciones y su cuadre requiere de transferencias del Estado
El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, del 5,3%, hasta situarlo en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. Se trata de 65 euros más al mes respecto al SMI actual, de 1.221 euros. El Consejo de Ministros además ha aprobado de nuevo una deducción fiscal para que estos trabajadores no paguen IRPF por sus remuneraciones.
“Damos una buena noticia a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que el aumento supone 910 euros más respecto a este año.
A continuación, recogemos algunas de las preguntas más frecuentes en relación a la subida del salario mínimo.
¿Cuánto sube el salario mínimo?
El SMI aumenta un 5,3% respecto a 2026, para compensar el aumento de los precios y que los trabajadores mantengan así el poder adquisitivo.
El alza se ha fijado según el IPC interanual de octubre (del 4,9%) y se han sumado cuatro décimas para compensar la pérdida de poder adquisitivo del SMI de este año, explican en el Ministerio de Trabajo. En 2026, el salario mínimo subió un 3,1% y en el departamento de Yolanda Díaz indican que la inflación media se sitúa en el 3,5%.
Además, el aumento aprobado garantiza el compromiso del Gobierno de que el SMI se sitúe al menos al 60% del salario medio del país, como recomienda el Comité Europeo de Derechos Sociales. El Comité de expertos adherido al Ministerio de Trabajo calculó que esta meta se garantiza a partir de un incremento del 2,6%.
El salario mínimo se incrementa así en 65 euros al mes, pasando de 1.221 euros a 1.286 euros mensuales por una jornada completa en 2026, que se abonan en 14 pagas. En las empresas que paguen el salario en 12 pagas, alcanza los euros 1.500 euros al mes. En términos anuales, el SMI alcanza los 18.004 euros.
¿Los 1.286 euros son brutos o netos?
Brutos. Por tanto, el salario neto que el trabajador recibe en su cuenta bancaria es algo inferior.
A las cantidades brutas hay que descontar las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (para la protección social por desempleo o enfermedad, por ejemplo). Y, en un primer momento, también la retención mensual de IRPF, aunque luego Hacienda devolverá estas cuantías en la declaración de la renta a sus perceptores.
Aproximadamente, la cuantía neta que recibirán los trabajadores finalmente rondará los 1.200 euros al mes en 14 pagas.
¿Desde cuándo se aplica la subida del salario mínimo?
Desde el 1 de enero de 2027.
¿Quién recibe el SMI?
Hay cifras dispares sobre quiénes cobran el salario mínimo, incluso dentro del propio Gobierno. Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, el nuevo salario mínimo alcanzará a unas 2,7 millones de personas trabajadoras, lo que supone el 13,6% de las personas asalariadas, ha explicado Yolanda Díaz.
Estos salarios más bajos cubren sobre todo a algunos colectivos, como los jóvenes y las mujeres, que tienen en general remuneraciones inferiores. El 65,2% de las personas beneficiarias del SMI son mujeres, cifra Trabajo, unas 1,7 millones de mujeres. El Ministerio de Yolanda Díaz destaca que el SMI tiene una incidencia del 27,2% entre los trabajadores menores de 25 años.
Además, el aumento alcanza más algunos territorios donde el SMI está más extendido, como Canarias, con un 22% de asalariados cubiertos, Extremadura (20,7%) y Andalucía (17,7%), según los datos de Trabajo. Por sectores, las empleadas del hogar y el sector agricola (30% de los trabajadores) son dos de los más alcanzados por la medida, seguido del sector servicios (15,3%), la industria (5,8%) y la construcción (5,4%).
¿Los trabajadores pagarán IRPF?
No. El Gobierno ha elevado la deducción actual (de unos 590 euros) hasta los 1.033 euros para que la subida del SMI de 2027 llegue “íntegra” al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, ha afirmado el ministro de Hacienda, Arcadi España.
Como novedad, el IRPF ya no se retendrá en la nómina de manera mensual, como hasta el momento, para ser devuelto luego a los trabajadores al realizar la declaración de la renta. El ministro España ha explicado que se ha modificado también el reglamento del IRPF para que no se realice esta retención mensual en el año 2027.
Además, “la rebaja fiscal se extiende a salarios inmediatamente superiores al SMI”, ha explicado España, para evitar lo que se conoce como “error de salto”. Así, desde los 18.004 euros anuales del salario mínimo hasta los 23.172 euros, va reduciéndose progresivamente la deducción fiscal del IRPF, ha afirmado el responsable de Hacienda.
¿Nadie puede cobrar menos de 1.286 euros brutos al mes?
Por una jornada completa de trabajo, no. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar al pago de cantidades inferiores en ningún caso. Es decir, que una empresa no puede pagar menos de esos 1.286 euros porque además del sueldo incluye otros beneficios, como un comedor a cargo de la empresa o el uso de una vivienda a cargo del empleador, por ejemplo, habitual con las trabajadoras del hogar internas.
En ese caso, el salario mínimo mensual se calcula de manera proporcional en función de las horas trabajadas. Por ejemplo, 643 euros brutos mensuales por una media jornada.
¿Cuál es el salario mínimo diario? ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar?
El decreto del salario mínimo también fija otras referencias, como el salario mínimo diario y el que se aplica para eventuales y temporeros, así como empleadas del hogar.
Las cuantías son:
SMI diario: 42,87 euros brutos.
SMI para eventuales y temporeros, por jornada legal en la actividad: 60,88 euros brutos.
SMI de empleados de hogar, por hora efectivamente trabajada: 10,06 euros brutos.
¿Se puede absorber la subida del SMI a través de complementos salariales?
Un ejemplo: pensemos en Patricia, una trabajadora que cobra 1.290 euros brutos al mes (1.200 euros de salario base y 90 euros de plus de nocturnidad). Cuando el SMI suba a 1.286 euros este 2027, su sueldo no aumentará aunque su salario base esté por debajo, porque en total cobra más del mínimo legal. Los sindicatos denuncian que esta práctica devalúa los complementos, que se pagan por una causa determinada, como en este caso la jornada de noche en lugar de diurna.
Por este motivo, CCOO y UGT no respalda el aumento del SMI de este año. El Ministerio de Trabajo se comprometió con los sindicatos mayoritarios a acabar con esta práctica, a través de un cambio normativo, que finalmente no ha aprobado. CCOO y UGT pidieron además un alza del SMI del 7%, inferior a la aprobada.
Este año, la cosecha alcanzará en España 1,6 millones de toneladas, lejos de las 666.000 toneladas de 2023, por lo que el Ministerio de Agricultura quiere guardar producto para años de caída de producción
El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una medida insólita hasta el momento: ha decretado el almacenamiento obligatorio de un 12% de la producción de aceite de oliva que declaran cada mes las almazaras españolas. El motivo, aprovechar que estamos ante una muy buena cosecha para tener producto guardado cuando vengan mal dadas y evitar, como pasó hace un par de años, que el aceite de oliva dispare su precio. Además, esa decisión busca evitar que los productores se vean en la situación de tener que vender más barato de lo que les cuesta producir, la denominada venta a pérdida.
Esa retirada de producto la venían reclamando desde hace tiempo las organizaciones agrarias, que ven cómo a los olivareros –fundamentalmente, las pequeñas explotaciones tradicionales, – se les han disparado los costes de producción mientras el precio de este producto esencial para la dieta mediterránea se ha desplomado. Una caída que se ve en los puntos de venta, en los supermercados y, también, en origen.
¿Cuánto han caído los precios? ¿A cuánto llegaron y cómo están ahora? Los datos que publica semanalmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan que, en casi tres años –desde que alcanzó su máximo en enero de 2024– el precio del aceite de oliva en origen se ha hundido en un 65%, como se ve en el siguiente gráfico.
Una buena cosecha por delante
Ahora se va a guardar producto porque estamos ante una buena cosecha. El 1 de octubre, el Ministerio de Agricultura y Pesca publicó el aforo previsto para la campaña del olivar: una producción nacional de 1,6 millones de toneladas. De esa cifra, cerca de un millón acabará destinándose a la exportación. Las lluvias del pasado invierno y la primavera han hecho que el olivar se recupere de la profunda sequía que tumbó las producciones entre 2022 y 2024. En 2023 apenas se molturaron 666.000 toneladas de aceite de oliva. Esta escasez de producción disparó los precios a cotizaciones máximas, que superaron los nueve euros por kilo en origen, como se ha visto en el anterior gráfico.
La campaña actual, no obstante, no será de récord. En 2019 se produjeron 1,79 millones de toneladas de aceite de oliva en España. En 2014 fueron 1,78 millones. Fueron años extraordinarios para un cultivo que en su mayoría seguía siendo olivar tradicional. Es decir, producciones por hectárea inferiores a la del olivar extensivo, que se ha generalizado por el Valle del Guadalquivir y por zonas con acceso a riego durante el verano.
España no aspira a un récord de producción, aunque lo rozará, por una razón: el calor de este verano. A pesar de todo lo que ha llovido en los meses en los que el olivo más lo necesita, en verano las temperaturas han sido tan altas que el árbol ha sufrido estrés hídrico. El olivo es uno de los milagros botánicos del Mediterráneo, capaz de aguantar hasta cinco meses sin recibir una gota de lluvia. Pero guarda un secreto. Suele acumular el agua precisamente en las aceitunas. Con un calor extremo, las aceitunas acaban por perder humedad y capacidad de producción.
A cambio, eso sí, el aceite que posteriormente generan será menor pero de una calidad más extraordinaria. El gran problema al que se enfrentan muchos productores sigue estando en el sistema de comercialización en origen del olivar, donde en su mayoría no se distingue por calidad si no por cuándo y cómo se cosechó: aceite de oliva virgen extra (AOVE), el virgen y el lampante.
En cuanto a esos precios en el primer eslabón de la cadena, en el siguiente gráfico se ve la evolución semana a semana.
Una medida histórica que ha generado controversia
La decisión de retirar producto ha sido aplaudida por los productores y criticada por las envasadoras y por las organizaciones de consumidores. Entre los primeros, por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). “La medida, exigida por esta organización agraria durante casi una década, busca poner fin a la volatilidad extrema en la cesta de la compra y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones olivareras”, explica esta organización agraria. Considera que actuará como “un colchón, que almacena excedentes en años de alta producción para liberarlos en años de escasez. Con ello se evita el desabastecimiento relativo y las escaladas de precios desorbitadas como la vivida en campañas recientes”.
En el lado contrario se han situado organizaciones como Facua, que ha calificado la retirada de producto como “escandalosa”, porque puede actuar como freno a la actual caída de precios en los puntos de venta. “El Gobierno no hizo absolutamente nada para frenar las subidas de precios en el aceite de oliva cuando se produjeron de manera especulativa. No hizo nada para evitar que las grandes cadenas de distribución y las grandes empresas del sector disparasen sus márgenes de beneficio a lo bestia”, señaló Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de esta organización de consumidores.
En el siguiente gráfico se ve cómo han evolucionado las cosechas de aceite de oliva en España en los últimos años.
“La curva de oferta y de demanda en el aceite de oliva es muy rígida. Un pequeño excedente provoca una caída desproporcionada de los precios y al revés, un pequeño déficit provoca un aumento, también, desproporcionado”, explica Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo especialista en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid. “Y en el aceite de oliva, además, el 'price maker' del mundo, marcamos referencia. Somos como la OPEP del aceite de oliva. Esos subes y bajas no son buenos ni para los productores ni para los consumidores”, resume el también investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
“La subida de precios en España no es solo fruto de la rigidez de la oferta y la demanda”, añade. También de la relación destructiva entre la distribución y el sector del aceite de oliva, porque siguen considerándolo un producto reclamo“ para atraer clientes. ”Es una relación insana“. De hecho, García Azcárate también apunta que los 4 euros que se paga ahora por el virgen extra no da a un olivarero tradicional para pagar sus gastos de producción. Si, en cambio, a los productores superintensivos.
“Con una medida como la retirada de producto se consiguen alisar las subidas y bajadas de precios. Es una buena noticia para los consumidores y para los productores”, ahonda. Y cree que tardará en verse reflejado en el precio final, si esta reserva obligatoria constituye un acicate para que los precios suban en plena espiral inflacionista. “Lo podemos notar el próximo año, a partir de febrero o marzo, o ya en verano; porque los precios se construyen al final de la campaña con el aceite que queda y las expectativas del año siguiente. A partir de abril, mayo, ya se empieza a sentir la previsión de la próxima cosecha”.
Además, no todos los territorios lo ven de la misma manera, porque la producción no ha sido igual en todas partes. La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha solicitado al Gobierno que excluya a las almazaras del archipiélago de la obligación de retirar temporalmente del mercado ese 12% de la producción, debido a la singularidad del territorio. En su caso, según los datos recogidos por la dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que recoge la agencia Efe, las disponibilidades totales estimadas en Illes Balears son de 592,72 toneladas, frente a las 806,2 toneladas de media de las seis campañas anteriores.
En octubre, la demanda industrial de esta materia prima se desplomó un 15%, según los datos de Enagás; los precios del crudo y el gas han dado una ligera tregua tras la debacle republicana en EEUU
El consumo de gas de la industria española se desplomó en octubre un 15%, según datos publicados este viernes por Enagás, el operador del sistema gasista. Es la mayor caída desde diciembre de 2022, en plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania. Los retrocesos en octubre fueron especialmente pronunciados en los sectores Químico/Farmacéutico (-29,4%), Refino (-28,9%), Textil (-22,5%) y Papel (-18%), y llegan después de la caída del 9,4% registrada en septiembre.
Son ya doce meses consecutivos de bajadas del consumo de gas de la industria. La tendencia se ha acelerado dramáticamente desde el verano, síntoma de una situación “al límite”, en expresión de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española.
El dato “confirma lo que venimos advirtiendo”, señala Carlos Reinoso, portavoz de este lobby formado por las patronales AICE (combustible), Anfac (automoción), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia). La alianza, que representa al 60% del PIB industrial de España, cifraba hace unos días el impacto de los sobrecostes energéticos derivados de la crisis en Oriente Medio en 8.900 millones para este año.
Según su portavoz, el dato de octubre “no es una mejora de eficiencia ni una transición ordenada hacia electrificación ni combustibles descarbonizados. Son fábricas que reducen o paran su producción porque no pueden asumir el coste energético que están soportando. Lo que hay detrás de esta cifra es destrucción de demanda: menos actividad, menos producción y pérdida de pedidos frente a competidores que tienen apoyos más sólidos”.
Los últimos datos de Enagás recogen un desplome en octubre del 12,9% de la demanda convencional de gas, que incluye también el consumo de los hogares y excluye el que se utiliza para generar electricidad. El dato, corregido del efecto de las temperaturas y el calendario laboral, es en este caso el peor desde enero de 2023.
El gas europeo ha sido el gran pagano de la guerra que Donald Trump inició en Irán a finales de febrero. Y el encarecimiento de esta materia prima ha sido uno de los factores determinantes en el dato de inflación en España del 4,9% en octubre, según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La principal referencia en el viejo continente, el TTF holandés, se situó el 30 de octubre, en vísperas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cerca de 104 euros por megavatio hora (MWh), su nivel más alto desde finales de 2022. Tras el batacazo de los republicanos en esos comicios el pasado 3 de noviembre, el gas europeo llegó a caer más de un 20% desde esa cota, aunque luego ha vuelto a repuntar. El viernes se situó ligeramente por debajo de los 90 euros/MWh.
Por su parte, el petróleo Brent, de referencia para Europa, llegó a abaratarse hasta un 25% desde los 118 dólares que marcó el 25 de octubre. El pasado martes bajó de 90 dólares por primera vez desde agosto, aunque en los últimos días ha retomado las subidas. El viernes rondaba los 96 dólares, al renovarse las preocupaciones de suministro tras los ataques a la infraestructura energética saudí y las interrupciones en el transporte por el estrecho de Ormuz.
Pese a la ligera corrección a la baja tras la victoria demócrata en las ‘midterms’, el Brent es un 32% más caro que antes del conflicto. Por su parte, el TTF triplica los precios previos al inicio de la guerra en Irán. Antes de la invasión de Ucrania, cotizaba habitualmente entre 14 y 30 €/MWh.
Como señala al teléfono Reinoso, la situación del mercado energético cambia “día a día” y el alivio de las últimas semanas ha cambiado ligeramente el escenario. Pero el problema es “estructural” y la industria no puede estar pendiente de estos vaivenes. Más, con el diferencial de competitividad que arrastra Europa respecto a Estados Unidos, que disfruta de unos precios del gas mucho más baratos que la UE gracias al boom del denominado fracking. A precios equivalentes, la principal referencia del gas estadounidense ronda los 10 euros/MWh, nueve veces menos que en Europa.
La Alianza advierte de que la situación se ha deteriorado de forma acelerada desde el verano. Si “se prolonga”, advierte su portavoz, “el impacto acabará llegando al empleo industrial. Por eso pedimos al Gobierno que actúe ya, con medidas que alivien de forma inmediata la factura energética de la industria, antes de que el daño sea irreversible. Porque no podemos permitirnos que una crisis energética coyuntural tenga como consecuencia una pérdida permanente de actividad y empleo industrial”.
Ya en septiembre, la asociación Gasindustrial, que reúne a los mayores consumidores industriales de gas de España, calificó de “preocupante” la caída de ese mes, con un consumo un 31% inferior a la media del periodo 2018-2021, “una referencia que permite dimensionar la pérdida de demanda respecto a los niveles previos a la crisis energética”.
La Alianza por la Competitividad de la Industria elevó hace unos días a los citados 8.900 millones su estimación del sobrecoste energético que soportará la industria manufacturera española al cierre de 2026 por la crisis en Oriente Medio, unos 1.500 millones más (+20%) que en su previsión de septiembre. Esta entidad basa sus estimaciones en la evolución del TTF, de la electricidad en el mercado español y de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, junto con datos de consumo industrial y cotizaciones de futuros disponibles a 1 de noviembre.
La nueva previsión de esos sobrecostes se distribuye entre unos 4.900 millones de euros adicionales en la factura del gas y otros 4.000 millones en la eléctrica. En el caso de la luz, el coste de los denominados servicios de ajuste para mantener la estabilidad del sistema superó los 4.688 millones hasta octubre. Las organizaciones empresariales calculan que ha añadido una media de 22,4 €/MWh adicional al precio del mercado mayorista de electricidad.
Para las empresas electrointensivas, el impacto es especialmente visible. La Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (AEGE) atribuye a estos costes parte de la brecha de precios con Francia y Alemania. Asegura que la factura para un electrointensivo es 1,3 veces el coste de la energía en Francia y 1,1 veces el coste en Alemania, o lo que es lo mismo, un 30% más cara que en Francia, y un 13% más cara que en Alemania. Sin embargo, los últimos datos de Eurostat, del primer semestre de 2026, reflejan que los precios de la electricidad para consumidores industriales son sensiblemente inferiores en España a los de Alemania y a la media europea.
Reinoso admite que la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre no ayuda a adoptar las medidas urgentes que reclama la Alianza, entre las que cita la de prorrogar la reducción del 80% en peajes para los consumidores electrointensivos más allá del próximo 31 de diciembre. La entidad que agrupa a la industria ha reclamado en los últimos años sin éxito la aprobación de la Ley Industria. El anteproyecto inicial se presentó en diciembre de 2022, pero la norma se quedó empantanada en las Cortes en esta legislatura. Reinoso cree “prematuro” valorar las propuestas electorales de los partidos de cara a los comicios del 29-N.